29/05/2017
El presidente de la Generalitat y la alcaldesa de Castellón firman la cesión del inmueble al Ayuntamiento.
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han firmado hoy el protocolo de cesión del edificio de los antiguos juzgados, en la plaza del Juez Borrull. El inmueble, propiedad del Gobierno valenciano, pasará ahora al patrimonio municipal y se convertirá en un contenedor de servicios sociales ligados al bienestar de la ciudadanía, tanto del propio Ayuntamiento como de la Conselleria de Políticas Inclusivas.
"Castellón no podía permitirse tener en el corazón de la ciudad un edificio de estas características en estado de abandono", ha afirmado Puig, quien ha destacado el doble beneficio que supondrá la recuperación del edificio. "No se trata solo de rehabilitarlo, sino de destinarlo a una de las políticas fundamentales. Los servicios sociales no son periféricos en la política del Govern, ocupan la centralidad y por eso es tan importante, que tengan su sede en este edificio. Además, la rehabilitación ayudará a la recuperación económica".
"Hoy es posible el retorno de este edificio para la ciudadanía. Era una deuda que teníamos con Castellón. El Pacte del Grau nos insta a gobernar para las personas, a facilitarles la vida en la relación que tengan con la Administración. Nuestra obligación es trabajar para hacer más feliz la vida de los castellonenses", ha referido Marco. Además, ha destacado la "receptividad" del Consell, tanto de Puig como de Oltra, que en respectivas visitas a la capital de la Plana respaldaron la propuesta del Ayuntamiento de Castellón. La alcaldesa ha agradecido el apoyo al proyecto de Castelló en Moviment y Ciudadanos.
La vicepresidenta del Consell y consellera de Políticas Inclusivas, Mònica Oltra, ha resaltado también la apuesta por la mejora de la atención integral a la ciudadanía, en un ámbito tan sensible con el del bienestar público. En su intervención, ha destacado la vocación del Gobierno valenciano por incrementar las partidas presupuestarias del área social y ha destacado la labor del funcionariado autonómico, que ahora podrá trabajar en mejores condiciones.
La firma del protocolo se ha desarrollado en una de las dependencias del edificio, habilitada para este fin. Además de Puig, Marco y Oltra ha estado presente el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, quien ha aportado información sobre el edificio y el procedimiento de cesión al Ayuntamiento. Por parte municipal, también han asistido la vicealcaldesa, Ali Brancal, y los concejales Rafa Simó, Enric Porcar, José Luis López, José Antonio Zamora, Xavier del Señor e Iñaki Vallejo.
La antigua sede de la Audiencia Provincial fue propiedad estatal hasta 1985, cuando fue cedido al Gobierno autonómico, en el proceso de transferencia de competencias. Tiene una superficie de 11.679 metros cuadrados, distribuidos en un sótano, planta baja, entreplanta y cinco plantas más y está valorado en 6,21 millones de euros. El abandono de estos últimos 11 años ha ocasionado problemas estructurales, que se acometerán en una intervención de rehabilitación integral para adaptarlo a los nuevos usos y a la normativa vigente.
A partir de la firma del protocolo de cesión, la Conselleria de Hacienda redactará el proyecto técnico de reforma. Las obras serán financiadas y ejecutadas por el Ayuntamiento. Por el momento, no hay plazos para el desarrollo del proyecto, cuyo presupuesto definitivo aún se desconoce, aunque podría rondar los 12 millones. La distribución de la propiedad se hará de forma proporcional a la aportación que realice cada una de las administraciones, con un mínimo del 65% para el Ayuntamiento y del 25% para la Generalitat.
El proceso para la cesión del inmueble se inició en abril de 2016, cuando la alcaldesa solicitó la propiedad en un escrito dirigido al conseller de Hacienda, Vicent Soler. Marco justificaba la petición por la necesidad municipal de "aumentar las dotaciones públicas para garantizar un mejor servicio a la ciudadanía". Desde el Gobierno municipal, se considera que los actuales equipamientos municipales son insuficientes para ofrecer una respuesta de calidad a las nuevas y complejas necesidades que tiene la Administración local.
El edificio Borrrull, propiedad del Generalitat, quedó sin uso administrativo en 2006, cuando se inauguraron las dependencias de la Ciutat de la Justicia. Desde entonces, el inmueble ha estado cerrado y en una situación de deterioro progresivo. La cesión del edificio permitirá al Ayuntamiento ampliar el patrimonio municipal y mejor la atención ciudadana, mientras que la Generalitat rentabilizará un inmueble ahora sin utilidad pública y en estado ruinoso.
Posteriormente, se constituyó una comisión mixta, que estudió la viabilidad jurídica y administrativa de la cesión del edificio al Ayuntamiento. En un primer momento, la comisión centró su labor en la antigua Audiencia Provincial, aunque se ha abierto la posibilidad de mantener la colaboración entre ambas instituciones para la redefinición de los usos de otras instalaciones públicas también en desuso que puede acoger servicios municipales o autonómicos.
