21/07/2021
La alcaldesa destaca el giro dado a las políticas sociales en seis años y la apuesta para garantizar la atención a la ciudadanía
El Ayuntamiento de Castelló impulsa un año más las políticas sociales y de inclusión al destinar 16,5 millones de euros en el presupuesto de Bienestar Social para 2021, una partida que supone aumentar en un 14,4% el presupuesto del pasado año y en un 79% el destinado en 2015. La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha destacado que las políticas sociales se han situado en el centro de las políticas del gobierno municipal desde 2015 con el objetivo de garantizar la protección, atención y acompañamiento a las personas más vulnerables y para garantizar los derechos y servicios básicos de toda la ciudadanía.
"En seis años hemos dado un giro a las políticas sociales, como demuestra el aumento del 79% del presupuesto del área desde 2015, y creado un modelo integral de intervención destinado al empoderamiento de las personas", ha indicado Marco. La alcaldesa ha puesto en valor el trabajo realizado por los servicios sociales municipales durante la pandemia, reforzando los servicios existentes y creando nuevos para que las personas y colectivos más vulnerables no vieran agravada su situación a causa de la covid-19.
La propuesta de presupuestos para 2021 recoge una partida de 16,5 millones de euros para Bienestar Social, Dependencia, Infancia y Cooperación. De ellos, 2,6 millones se destinarán a prestaciones económicas de emergencia social y mejora de la autonomía de los mayores, prestaciones que incluyen también el plan de pobreza energética, entre otras. "Se trata de una partida que aumentamos en un 20,62% con respecto al pasado año para las ayudas de emergencia a las personas y colectivos más vulnerables y para seguir garantizando el derecho a los suministros básicos como el agua, la electricidad o el gas", ha manifestado la concejala de Bienestar Social, Dependencia e Infancia, Mary Carmen Ribera, quien ha recordado que el plan para reducir la pobreza energética y garantizar los suministros a la población vulnerable fue un plan puesto en marcha en 2016.
Además, el presupuesto prevé otro millón de euros para prestaciones de emergencia y cobertura de necesidades básicas de alimentación e higiene. Una partida que aumenta en casi un 6% con respecto a 2020. También se destinarán 15.000 euros para la elaboración de un plan de inclusión social y se reforzará el apoyo al Banco de Alimentos al destinar 46.000 euros, un 130 % más que en 2020.
La atención a la dependencia y discapacidad cuenta con un presupuesto de 1,78 millones, un 18% más que en 2020. Asimismo, las cuentas recogen un impulso a las políticas de infancia y adolescencia con un incremento del 52,7% y la activación de nuevas líneas para promover el derecho a la infancia.
