05/10/2021
La Concejalía subraya que esta medida refuerza el recargo de un 50 % del IBI aprobado por el Ayuntamiento para grandes tenedores
La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló valora el nuevo decreto impulsado por la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática que obliga a los grandes propietarios (con más de 10 posesiones) a destinar vivienda vacía para alquiler asequible. Subraya que esta medida refuerza las herramientas del Ayuntamiento para movilizar pisos desocupados como el recargo del 50" % del IBI aprobado por el Ayuntamiento para viviendas vacías de grandes tenedores.
"El Plan Estratégico de Vivienda que hemos encargado desde la Concejalía muestra que hay 5.500 viviendas vacías en la ciudad y una necesidad de 4.260 pisos a precios asequibles. Este trabajo pone en evidencia el uso especulativo de la vivienda por parte de sociedades de inversión. Por eso es un paso muy importante el decreto aprobado por la Generalitat, que se centra en los grandes propietarios, es decir, aquellos con más de diez viviendas", afirma la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.
La regidora destaca que este decreto es el desarrollo de la Ley de Función Social de Vivienda de la Generalitat Valenciana que insta a los grandes tenedores con más de diez viviendas a a declarar la actividad de sus inmuebles y ponerlos a disposición de viviendas sociales si llevan más de un año sin ocupar y los utilizan "para reducir la oferta y aumentar el precio".
El objetivo de esta medida es poner coto a la especulación y ampliar de alquileres sociales. Garrido resalta que los pequeños propietarios no serán afectados por este decreto e incluso, resalta, que tanto el Consell como el Ayuntamiento ponen en marcha programas de bolsas de alquiler para que el pequeño propietario pueda ceder de formar voluntaria pisos vacíos a cambio de incentivos públicos.
En el caso del Ayuntamiento, la regidora asevera que tienen en marcha la Bolsa de Alquiler Municipal, que contempla para el propietario ayudas de 1.500 euros anuales más 2.900 para reformas a cambio de fijarse un precio máximo de alquiler.
