30/07/2017
La alcaldesa, Amparo Marco, destaca el esfuerzo presupuestario para crear empleo entre personas en exclusión social.
El Ayuntamiento de Castellón destinará al fomento del empleo las aportaciones del Fondo de Cooperación Municipal aprobadas por el Gobierno de la Generalitat que, en el caso de la capital de la Plana, ascienden a 601.884 euros. Con estos recursos, el Gobierno municipal prevé financiar una parte de los Jornals de Vila, un plan de inserción laboral para personas en riesgo de exclusión social incluido en el programa de gobierno del Pacte del Grau.
"El empleo es la gran prioridad del Gobierno municipal", afirma la alcaldesa, Amparo Marco, quien destaca el esfuerzo presupuestario realizado en los dos últimos ejercicios. En 2017 se ha previsto una inversión en empleo de 4,7 millones de euros, a través del Plan Estratégico de Empleo. "El Ayuntamiento promueve la creación de puestos de trabajo de calidad, y sin precariedad, para dar oportunidades a los colectivos más vulnerables".
El programa Jornals de Vila favorecerá la práctica profesional e inserción laboral a jornada completa de personas paradas, pertenecientes al colectivo de personas en exclusión social, priorizándose a quienes hayan sido derivadas desde los Servicios Sociales o que acreditan ser personas usuarias de los mismos. En la primera edición, el programa se dedicó a la rehabilitación, reparación y mantenimiento de las viviendas sociales y edificios municipales.
El Consell aprobó el 27 de enero el plan de financiación de las entidades locales por el que se creaba el fondo de cooperación municipal, un instrumento que inyectará en los municipios un total de 52,4 millones de euros este año. La iniciativa es un mandato del Estatut d"Autonomía de la Comunitat Valenciana y responde también a una demanda del municipalismo, que en los últimos años ha reivindicado más colaboración económica del Gobierno valenciano.
El fondo permite financiar servicios, infraestructuras y equipamientos básicos de los municipios, sin ningún condicionante desde el Gobierno autonómico. Se trata de transferencias que cada ayuntamiento puede destinar a promover las actuaciones de obras y servicios que considere más necesarias y urgentes. En el caso de Castellón se ha decidido destinarlos a empleo, al contar el Ayuntamiento con suficiente capacidad presupuestaria para acometer las inversiones en infraestructuras gracias al superávit de 2016.