17/05/2017
La alcaldesa, Amparo Marco, afirma que el saneamiento económico municipal permitirá potenciar las políticas sociales y de empleo.
El Ayuntamiento de Castellón ha logrado cerrar el ejercicio 2016 con un superávit de 28,8 millones de euros y un remanente de tesorería de 16 millones. La liquidación del presupuesto se ha efectuado, de nuevo, con cifras en positivo que reflejan el saneamiento contable y financiero de la institución, que ha cumplido todos los parámetros económicos que exige el Gobierno central, como es el caso del límite del endeudamiento, la estabilidad presupuestaria, la regla de gasto y el cumplimiento del período de pago a proveedores.
Unas cifras que, en opinión de la alcaldesa, Amparo Marco, reflejan el "buen hacer" del Ayuntamiento en materia económica, que ha atribuido a la Concejalía de Gestión Municipal que dirige Antonio Lorenzo. Marco considera que en el contexto financiero de la institución, con una herencia de una elevada deuda del Gobierno anterior, la obtención del superávit es "una buena noticia, ya que permitirá seguir reduciendo el endeudamiento y, por lo tanto, impulsar más políticas sociales y de empleo. Además, de permitir avanzar en la línea de disminución de la presión fiscal y de la bajada de impuestos".
Además del superávit, hay que destacar el remanente de tesorería, que se sitúa en 16 millones de euros. Esta cifra es el resultado de descontar las obligaciones pendientes de aplicación al presupuesto (las denominadas facturas en el cajón), y el pago de las inversiones financieramente sostenibles de 2016, así como la amortización de la deuda obligada por mandato legal.
Aún así, el remanente no se podrá invertir en su totalidad, al existir restricciones legales para las administraciones en lo relativo a la estabilidad presupuestaria y el techo del gasto. El Ayuntamiento está sujeto, también, al cumplimiento de un plan de ajuste que tiene vigencia hasta 2022, como consecuencia de la ayuda financiera que prestó el Gobierno en 2012 para poner al día el pago de facturas a proveedores, que llegaron casi a 30 millones.
En estos momentos, se mantiene la incertidumbre sobre la capacidad de los ayuntamientos para reinvertir los remanentes. La tardanza en aprobarse los Presupuestos Generales del Estado impide que los superávit se destinen a las denominadas inversiones financieramente sostenibles. "Estamos gobernando de forma eficiente, con madurez y buena gestión, pero tenemos restricciones importantes que limitan la autonomía municipal", añade Marco. En caso de no poderse reinvertir, el remanente se destinará a amortizar deuda.
