08/05/2018
El acuerdo impulsa que las trabajadoras públicas de las administraciones valencianas víctimas de violencia de género podrán pedir una adscripción provisional a un puesto de trabajo en una administración diferente a la suya de origen.
El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha hecho pública esta mañana la resolución de aceptación por la cual el Ayuntamiento de Castelló se adhiere al convenio entre la Consellería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, para facilitar la movilidad de las empleadas públicas víctimas de violencia entre administraciones públicas. Se trata de una adhesión a este convenio marco que fue presentada el pasado 25 de mayo de 2017 por la vicealcaldesa y concejala de Igualdad, Ali Brancal, el concejal de Gestión Municipal, Toni Lorenzo, y el secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Ferran Puchades.
El acuerdo establece el marco general de cooperación para impulsar la aplicación del principio de movilidad de las empleadas públicas entre la Generalitat y las administraciones locales del territorio valenciano, por razón de violencia de género, dando efectividad al derecho contemplado en el artículo 82 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) y los artículos 109 y 113.3 de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana (LOGFPV).
Por eso, Brancal ha mostrado su satisfacción "porque nos hemos adherido a un convenio que implica que las funcionarias que puedan ser víctimas de violencia de género hasta ahora perdían parte de sus derechos si se trasladaban a otra población". Ahora, tal como ha añadido la edil de Igualdad, "si cualquier funcionaria del Ayuntamiento de Castellón, que esperamos que no pase, es víctima de violencia hasta el punto que para proteger su vida tenga que irse fuera de la ciudad pues sus derechos laborales serán reconocidos allá donde tenga que ir".
