27/08/2018
La alcaldesa ha solicitado al Catastro una segunda bajada de la valoración legal de las viviendas.
El Ayuntamiento de Castellón mantiene la voluntad de ajustar la política fiscal al contexto de la economía local, en especial en lo referente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que experimentó un incremento desproporcionado durante la burbuja inmobiliaria por decisión de los anteriores gobiernos municipales. Por eso, la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha solicitado a la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón una nueva bajada del 9,3% en el valor catastral de los inmuebles, que es el importe sobre el que se aplica el IBI.
Esta es la segunda revisión catastral consecutiva que pide el Gobierno municipal para atenuar el impacto de la contribución urbana en el bolsillo de las familias, después de que el IBI subiera de forma notoria en los últimos años "por la decisión de los gobiernos central y local del PP". La iniciativa es uno de los objetivos del Pacte del Grau, que lo incluyó en el documento firmado entre los grupos municipales que sustentan el Gobierno municipal desde 2015.
Marco formalizó la solicitud hace unas semanas ante el organismo del Ministerio de Economía. "Somos sensibles con la realidad de las familias y lo que hemos hechos ha sido ajustar la política fiscal a la situación económica, mediante una política fiscal solidaria. La presión fiscal municipal baja un año más, pero sin que ello signifique que el Gobierno municipal vea modificada su capacidad financiera para asumir los servicios y las obras públicas que reclama la ciudadanía para conseguir una ciudad en la que cada día se viva mejor", destaca.
La primera revisión de los valores catastrales rebajó un 9,1% el precio de las viviendas e inmuebles sobre el que se calcula el IBI. En esta segunda revisión, la bajada será del 9,3% sobre los valores del año pasado. Eso supondrá que el descenso acumulado en dos años será de un 15%. Una vivienda de 100.000 € en 2017 se redujo hasta los 91.000 € en 2018 y con el nuevo coeficiente para 2019, tendrá un valor catastral de 84.630 €. De forma paralela a la aplicación de esos nuevos valores catastrales, el Ayuntamiento decidió rebajar también el coeficiente municipal que determina el importe final del IBI. El anterior gobierno del PP lo estableció en un 0,7875%. En 2017 se bajó al 0,7475% y en 2018, al 0,69%. Con estas modificaciones, la mayoría de los inmuebles de Castellón han pagado ya menos IBI este año.
Una comisión municipal se está encargando, al igual que en años anteriores, de revisar las ordenanzas fiscales y en ese marco de diálogo político se analizará en las próximas semanas si se procede a un nuevo ajuste del coeficiente para frenar la subida del IBI que impulsaron los gobiernos anteriores, siempre que no afecte a la suficiencia financiera municipal. La reducción de valores catastrales no solo afecta al IBI, también a impuestos de carácter nacional como el IRPF, plusvalías, transmisiones patrimoniales y sucesiones.
El Gobierno municipal de Castellón pretende compensar el efecto de la ponencia de valores catastrales aprobada en 2012, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, que estableció unos precios para la vivienda, a efectos fiscales, por encima de los que ahora tienen en el mercado inmobiliario. Hasta que no pasaron cinco años desde la aprobación de la ponencia no se podía solicitar la modificación de los valores catastrales.
