27/08/2017
La alcaldesa lamenta la "incertidumbre" sobre el futuro de la autopista y reclama un uso libre y gratuito.
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, anima a la sociedad civil a reivindicar la liberalización de la autopista AP-7 ante la pasividad del Gobierno central, que no aclara cuál será el futuro de la infraestructura de pago cuando concluya el periodo de explotación en 2019. "El Gobierno municipal reclama la defensa de la gratuidad del peaje, porque es un acto de justicia para la ciudad y también para toda la Comunitat Valenciana, por eso queremos que la sociedad civil se implique de lleno en esa exigencia", afirma.
Marco lamenta la "incertidumbre" en torno a la autopista. "El Gobierno ha de confirmar de una vez por todas el final de la concesión y ha de anunciar que no tiene intención de impulsar algún modelo de gestión privada, con otra prórroga, un nuevo concurso para la explotación comercial de la autopista o con algún tipo de peajes. Si lo hace, Rajoy estará beneficiando a grupos empresariales, pero perjudicará enormemente a la ciudadanía", expone.
"Reclamamos que la AP-7 sea gestionada de forma pública, con un uso abierto y gratuito en todo su trayecto, y exigimos la liberalización de la autopista como una compensación para Castellón", afirma la alcaldesa. En ese sentido, recuerda que en las últimas décadas, "la autopista nos ha costado miles de millones de euros a quienes hemos tenido la necesidad de utilizarla, mientras la carretera N-340 ha soportado más tráfico del deseable, se ha colapsado con frecuencia y ha registrado una elevada siniestralidad".
La alcaldesa de Castellón reclama "el mismo trato" que se dispensa a otras zonas del Estado, en los que no se imponen peajes y existe una red de comunicaciones moderna y segura. "La gratuidad de la autopista AP-7 es una demanda justa para Castellón y vamos a reforzar la presión institucional para evitar la prórroga en 2019". A los problemas de la autopista se unen los que se han registrado en las comunicaciones ferroviarias, como consecuencia de las obras del tercer hilo, que han afectado a los trenes de cercanías.
Colectivos sociales, ciudadanos y políticos han demandado desde hace décadas el final de los peajes en la autopista AP-7. En pleno franquismo, entre 1971 y 1972, la sociedad Autopistas del Mare Nostrum (Aumar) logró la concesión de los tramos Salou-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años. El contrato de explotación debía haber concluido en 1998, aunque continua vigente tras haberse prorrogado en varias ocasiones.
