26/11/2017
La alcaldesa asegura que el Gobierno municipal mantendrá el esfuerzo inversor en material social durante todo el mandato.
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, afirma que la inversión municipal en protección social se ha duplicado en los últimos tres años y se sitúa ya en torno a los 12 millones de euros. En 2014, el último ejercicio con un presupuesto gestionado íntegramente por el Partido Popular, el gasto en Servicios Sociales era de 6,4 millones de euros, mientras que en 2017, la inversión ha superado los 11,5 millones de euros.
"Los gobiernos tienen que demostrar la sensibilidad social con hechos y en Ayuntamiento de Castellón lo está demostrando de forma clarísima, porque es un aspecto esencial del Gobierno municipal y así consta en el Pacte del Grau", explica Marco. Las propuestas de Bienestar Social constituyen el primer bloque del documento político que sustenta la gobernabilidad municipal y han centrado el principal esfuerzo inversor en los últimos dos años.
Marco asegura que "es mucho aún lo que queda por hacer" y asegura que en 2018 se mantendrá el esfuerzo presupuestario, porque "la mejor inversión es la que se hace para mejorar la vida de una ciudad y de quienes la habitan". La alcaldesa asegura que "el cambio se nota en todos y cada uno de los aspectos de la política municipal, pero en el caso de las políticas sociales es donde se aprecia mejor el talante de este Gobierno y su vocación de trabajar para aquellas y aquellos que tienen menos oportunidades", afirma.
A su juicio, las políticas del bienestar social han ido evolucionando y abarcan nuevos ámbitos, más allá del de la pura emergencia social, como es el caso del derecho a la educación, el derecho a la sanidad, el derecho a la vivienda, el derecho a un medio ambiente saludable y el derecho a la cultura. "Los ayuntamientos asumen más competencias sin que eso venga acompañado de más recursos, pero somos la administración más cercana a la ciudadanía y debemos responder a su demanda de más y mejores servicios".
En ese sentido, recuerda que el déficit de financiación estatal que sufren Castellón condiciona el desarrollo de las políticas sociales. "Si el Gobierno central aportara la Comunitat Valenciana lo que le corresponde en función de su población, Castellón recibiría 44 millones de euros anuales para proyectos de empleo, vivienda, educación y sanidad", destaca la alcaldesa. Además, reclama al Gobierno de Rajoy que permita destinar el superávit municipal a políticas sociales, a lo que hasta ahora se opone.
