15/12/2017
La alcaldesa recuerda que ayuntamientos como el de Castellón cumplen con los objetivos de déficit y deuda.
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, insta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a asumir el mandato del Congreso e iniciar la reforma de la regla de gasto, la norma que permite al Gobierno central intervenir las cuentas de los ayuntamientos que no se ajustan a sus directrices aunque tengan una economía saneada. La mayoría parlamentaria ha aprobado esta semana admitir a trámite una proposición de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012.
"Castellón es un ejemplo de ayuntamiento con unas finanzas saneadas y no puede estar sometido al control de su economía por parte del Gobierno", indica Marco. "La administración local es la única que cumple con los objetivos de déficit y deuda que también exige la Ley de Estabilidad y se merece un cambio en la regla de gasto que le permita invertir el superávit que ha logrado".
"El Gobierno central no debe imponer límites a los objetivos que cada Ayuntamiento decida, en uso de su plena autonomía financiera", expone Marco, quien asegura que "la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local abriría un nuevo escenario en el que se debería abordar el papel que los municipios deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de empleo y los servicios de proximidad que se prestan a diario desde la Administración local".
El Ayuntamiento cerró 2016 con un superávit de 28,8 millones de euros, pero las restricciones del Gobierno sólo permiten destinar ese excedente a pagar la deuda con los bancos y a inversiones financieramente sostenibles, proyectos de obras y servicios encaminados a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía en el entorno local, pero que son inversiones deben tener una vida útil de al menos cinco años y están sujetas a un control presupuestario que garantice que son sostenibles financieramente.
El Gobierno central ha advertido que no tiene voluntad de acatar la decisión del Congreso. El Ejecutivo intentó vetar la admisión a trámite de la proposición para frustrar el debate parlamentario, aunque finalmente se sometió a votación y el PP quedó en minoría y perdió la votación. El Gobierno argumenta que si la iniciativa sale adelante perderá el superávit de los ayuntamientos, que en 2016 fue de 6.847 millones y tendría que ajustar los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno cuenta con ese dinero para reducir su propio déficit y cumplir así con los ajustes marcados desde la UE.
