16/06/2018
La alcaldesa de Castelló formaliza la solicitud ante la Gerencia Territorial del Catastro.
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, ha solicitado a la Gerencia Territorial del Catastro de Castellón una nueva bajada del 9,3% en el valor catastral de los inmuebles, que es el importe sobre el que se aplica el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Es la segunda revisión catastral consecutiva que pide el Gobierno municipal para atenuar el impacto de la contribución urbana en el bolsillo de las familias, después de que el IBI subiera de forma notoria en los últimos años "por la decisión de los gobiernos central y local del PP".
Marco ha formalizado la solicitud ante el organismo del Ministerio de Economía, que deberá resolver la petición en las próximas semanas. "El Gobierno municipal es sensible con la realidad económica de las familias y ajusta la política fiscal para rebajar la presión fiscal municipal, al mismo tiempo que se garantiza la capacidad del Ayuntamiento para financiar los proyectos y servicios relacionados con el bienestar de la ciudadanía", expone.
La primera revisión de los valores catastrales rebajó un 9,1% el precio de las viviendas e inmuebles sobre el que se calcula el IBI. En esta segunda revisión, la bajada será del 9,3% sobre los valores del año pasado. Eso supondrá que el descenso acumulado en dos años será de un 15%. Una vivienda de 100.000 € en 2017 se redujo hasta los 91.000 € en 2018 y con el nuevo coeficiente para 2019, tendrá un valor catastral de 84.630 €.
De forma paralela a la aplicación de esos nuevos valores catastrales, el Ayuntamiento decidió rebajar también el coeficiente municipal que determina el importe final del IBI. El anterior gobierno del PP lo estableció en un 0,7875%. En 2017 se bajó al 0,7475% y en 2018, al 0,69%. Con estas modificaciones, el 66% de los inmuebles de Castellón pagan menos IBI este año.
La comisión encargada de revisar las ordenanzas fiscales analizará antes de octubre si se procede a un nuevo ajuste del coeficiente, siempre que no afecte a la suficiencia financiera municipal. La reducción de valores catastrales no solo afecta al IBI, también a impuestos de carácter nacional como el IRPF, plusvalías, transmisiones patrimoniales y sucesiones.
Con esta medida, se compensará el efecto de la ponencia de valores catastrales aprobada en 2012, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, que estableció unos precios fiscales para la vivienda por encima de los que ahora tienen los inmuebles. Hasta que no pasaron cinco años desde la aprobación de la ponencia no se podía solicitar la modificación de los valores catastrales.
