27/10/2017
La alcaldesa de Castellón reclama financiación para compensar el déficit en infraestructuras y servicios.
La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, considera "indispensable" una modificación en los criterios de la financiación estatal para "garantizar la sostenibilidad de las administraciones locales y el incremento de las inversiones municipales que buscan mejorar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía". Marco se suma a la reivindicación de una financiación justa para la Comunitat Valenciana, que se expresará el 18 de noviembre en la manifestación convocada en ese sentido en la ciudad de Valencia.
"Los castellonenses queremos recibir del Gobierno central lo que nos corresponde. Es un acto de justicia, porque aportamos mucho a la caja del Estado y no se nos devuelve lo necesario para cubrir la demanda de mejores servicios públicos", afirma. "Pedimos a Rajoy que se comprometa a reducir el déficit en infraestructuras que son esenciales para el desarrollo económico y social de la ciudad de Castellón y de la provincia".
Marco reitera la necesidad de abrir un nuevo tiempo para el debate en torno a la financiación de los municipios. "Los ayuntamientos asumen cada vez una mayor cuota en la prestación de servicios básicos que son decisivos para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas", destaca, "aunque las transferencias de la gestión por parte de otras administraciones no han venido acompañadas de los recursos suficientes".
Así mismo, considera que "el Gobierno de Rajoy ha actuado en contra del municipalismo", con decisiones como la aprobación de la Ley para la Reforma Local aprobada por el Gobierno del PP, que "ha supuesto un ataque frontal a la autonomía local y a su capacidad de prestar servicios a la ciudadanía". "Los ayuntamientos han sido las administraciones públicas que han sufrido las consecuencias de las políticas de austeridad insolidarias y agresivas".
La alcaldesa de Castellón insta a abordar las reformas que resulten necesarias con el objetivo de dotar a los ayuntamientos de "las condiciones y capacidades políticas y económicas adecuadas que les permitan ofertar a la ciudadanía los servicios que la sociedad demanda". En especial, las políticas sociales, empleo, juventud e igualdad, entre otras.
"El Gobierno central no debe imponer límites a los objetivos que cada Ayuntamiento decida, en uso de su plena autonomía financiera", expone Marco, quien asegura que "la derogación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local abriría un nuevo escenario en el que se debería abordar el papel que los municipios deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de empleo y los servicios de proximidad que se prestan a diario desde la Administración local".
