17/06/2018

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La alcaldesa de Castellón recordará al presidente la oposición ciudadana al intento de mantener el peaje o prorrogar la concesión.

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, mantendrá el tono reivindicativo ante el Gobierno central en la defensa de las infraestructuras estratégicas de la capital de la Plana. La gratuidad de la autopista AP-7 es una de las demandas principales que Marco trasladará al presidente, Pedro Sánchez, con el objetivo de evitar el colapso en el tráfico de vehículos en la vía a lo largo de la provincia y mejorar la competitividad de la economía castellonense.

"La liberalización de la autopista es una demanda unánime de la sociedad que el Ayuntamiento respalda", indica la alcaldesa, quien en los últimos meses se ha opuesto a la pretensión del anterior Gobierno de instaurar "peajes blandos" cuando acabe la concesión de la AP-7. "Castellón no quiere más peajes, quiere una autopista libre y gratuita, porque ya hemos pagado mucho por usar una infraestructura tan importante para el desarrollo de nuestra tierra", afirma.

Marco pretende que el Gobierno confirme la supresión de cualquier tipo de peajes tras la finalización del final de la concesión de la autopista, en 2019. "La ciudad de Castellón ha dicho por activa y por pasiva que los peajes en la AP-7 han sido un agravio para los usuarios que la utilizan de forma habitual, mientras en otras zonas del Estado existe una red viaria moderna y gratuita", indica. En ese sentido, remarca su oposición a una nueva concesión de la explotación.

La alcaldesa recuerda la situación de "colapso" que registra la carretera Nacional 340, con un exceso de tráfico y una siniestralidad preocupante. En ese sentido, reclama "un trato justo" desde el Gobierno central y que se compense el déficit de infraestructuras de Castellón en las últimas décadas. "El Gobierno debe ser sensible ante los territorios con capacidad de desarrollo y facilitar las condiciones para que su economía sea cada día más competitiva.

Colectivos sociales, ciudadanos y políticos han demandado desde hace décadas el final de los peajes en la autopista AP-7. En pleno franquismo, entre 1971 y 1972, la sociedad Autopistas del Mare Nostrum (Aumar) logró la concesión de los tramos Salou-Valencia y Valencia-Alicante por un plazo de 27 años. El contrato de explotación debía haber concluido en 1998, aunque continua vigente tras haberse prorrogado en varias ocasiones.