15/06/2021
La concejalía confía en que el Conselleria abra un expediente sancionador, sería el primero de la Comunitat Valenciana
La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castelló ha participado este martes junto al Sindicato de Inquilinos en una reunión con la dirección territorial de la Conselleria de Vivienda para valorar el último informe técnico que detalla supuestos abusos inmobiliarios de un fondo buitre en el Raval Universitari. Este documento encargado por los inquilinos se añade a la denuncia que presentaron en el mes de septiembre pasado.
“Este informe muestra incumplimientos tanto en el mantenimiento del edificio como posibles episodios de acoso para que los inquilinos paguen más o se marchen. Confiamos en que la conselleria abra un expediente sancionador contra el fondo buitre, sería el primero en la historia de la Comunitat Valenciana y el segundo de España”, ha afirmado la concejala de Vivienda, María Jesús Garrido.
“Las prácticas de esta sociedad de capital riesgo han duplicado el precio del alquiler y han dejado más del 60 % de las viviendas del inmueble del Raval Universitari vacías. Este fondo buitre está expulsando a las clases populares de un edificio que cabe recordar que era VPO”, ha insistido Garrido.
En el encuentro se ha analizado el documento realizado por especialistas, que por un lado, señala indicios de motivación acosadora “con cláusulas incomprensibles” en los nuevos contratos para aumentar precios, impedir prórrogas contractuales automáticas; y en segundo lugar, una supuesta falta de mantenimiento y de reparaciones del inmueble exigidas al propietario.
El Sindicato de Inquilinos presentó en septiembre en la dirección territorial de la Conselleria de Vivienda una denuncia contra supuestos abusos inmobiliarios de fondos buitre de la ciudad. La conselleria solicitó luego más información, que acaba de ser aportada por el Sindicato de Inquilinos.
En su denuncia inicial, los vecinos detallan una falta de notificación en el cambio de propiedad; inacción en el mantenimiento de zonas comunes; falta de definición en la empresa que gestiona los cobros; cambio de cerraduras en zonas comunes sin previo aviso; dificultades en el acceso al pago de la renta; falta de comunicación en el vencimiento del contrato; conductas de presión moral para conseguir la rescisión del contrato; y comprobaciones ilícitas por parte del servicio de seguridad para verificar quién vive accediendo sin permiso.
La concejalía también impulsó en el Pleno Municipal una moción de reprobación del Pleno Municipal. Asimismo, ha iniciado la elaboración de un censo de viviendas vacías junto a la Concejalía de Hacienda e Innovación Comercial para cargar el 50% del IBI en inmuebles vacíos de grandes propietarios.
